La Ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, asistió e al encuentro que fuera invitada por la Asociación Nacional de Empresas de Colombia, ANDI
El encuentro, presidido por Bruce McMaster y Ana María Vesga, incluyó la participación de los líderes de las direcciones de dispositivos médicos, gases medicinales, farma e instituciones para el cuidado, entre otros.
Durante su intervención, la jefe de la cartera de salud señaló el contraste arrojado por el número de iniciativas de reforma al sistema, las inequidades existentes, los estudios realizados y los cambios registrados en cualquier sistema de salud que tiene la capacidad para adaptarse a nuevos escenarios y evoluciona.
Al detallar la actual situación del sistema, precisó que los jueces de la República no tendrían por qué emitir fallos acerca de la prestación del servicio.
Al responder inquietudes sobre la presencia del Estado en el modelo propuesto, Corcho aclaró que el proyecto no busca estatizar el servicio y, por el contrario, se requiere de las capacidades desarrolladas en tres décadas, de la presencia del sector privado que hoy tiene el 80% del servicio y, al mismo tiempo, de la presencia de lo público en igualdad de condiciones en materia de calidad.
Precisó que se busca desestatizar y desconcentrar la gestión de los recursos, propuesta a través de la ADRES, en un sistema de auditaje y control de recursos tripartito; esto es, con presencia de la empresa privada, los trabajadores del sector y, por supuesto, el Estado.
«Tenemos que hacer un pacto por la equidad en Colombia» añadió, al dar cuenta del cierre de 300 salas de parto o la inexistencia de puestos de salud en 600 municipios del país.
Formalización y profesionalización fueron, además, dos de los aspectos sobre los cuales hizo énfasis la Ministra al describir los perfiles que serán requeridos en la atención básica en salud: «corresponde garantizar la presencia de pediatras, gInecólogos, médicos familiares, enfermeras, en los centros de atención primaria».
Finalmente, al describir el alcance del llamado tarifario, indicó que está orientado a regular el gasto, prevenir la corrupción en la gestión de las transacciones del sector y afirmar el control social como mecanismo de participación ciudadana.